Desde Trabajadores Unidos hemos sido conocedores a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de que las medidas a adoptar para dar una solución al problema de la temporalidad en el empleo público se están realizando en conjunto con todas las administraciones públicas a través de la implicación y participación directa de las comunidades autónomas y entidades locales con el fin de modificar la normativa básica para armonizar, planificar y equiparar una respuesta común y equitativa a los posibles abusos de temporalidad, abordando el diseño y clarificación de sus consecuencias efectivas y disuasorias también de cara a su prevención en el futuro.
En base a ello, y a la participación de nuestros representantes, nos hemos dirigido a la Consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria para solicitarle que nos traslade la información pertinente acerca de la modificación normativa y del Estatuto Básico del Empleado Público que se está llevando a cabo con la pretensión de dar solución al problema del abuso de la temporalidad en el empleo público para, de esta forma, poder dar traslado a los trabajadores afectados, que son muchos, en nuestra Comunidad Autónoma.
De la misma forma y para que sea tenido en cuenta en las reuniones que Cantabria mantiene con ocasión de la modificación del EBEP de cara a la fijeza como sanción al fraude de ley, le hemos hecho llegar el informe jurídico que ha implementado EJASO ETL GLOBAL, despacho de abogados multidisciplinar, con sede central en Madrid, dirigido por María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid en el cual se constata que la FIJEZA directa para los afectados es totalmente constitucional y puede ejecutarse mediante una regularización administrativa.
