FECHAS DE VACUNACIÓN EN LOS CAD Y RESUMEN REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Fechas de vacunación en los CAD

CAD Santander:

PRIMERA DOSIS: 27 – 28 – 29 – 30 de diciembre de 2020.

SEGUNDA DOSIS: 20 de enero de 2021.

CAD Laredo:

PRIMERA DOSIS: 9 – 10 de enero de 2021.

SEGUNDA DOSIS: 2 de febrero de 2021.

CAD Sierrallana:

PRIMERA DOSIS: 12 – 13 de enero de 2021.

SEGUNDA DOSIS: 4 de febrero de 2021.

Resumen reunión Comité de Seguridad y Salud

Ayer, martes 19 de enero de 2020, se reunió el Comité de Seguridad y Salud de la Admón. Gral. de la CCAA de Cantabria. Los delegados de prevención, junto con los representantes de las distintas Consejerías fuimos convocados por Función Pública para abordar, entre otros puntos de carácter ordinario, la vacunación y el Protocolo de determinación de contingencia en los supuestos de baja por COVID-19, para el personal que presta servicio en el ámbito sanitario o sociosanitario.

La reunión, una vez más, sirvió para poco y evidenció la falta de coordinación y la no asunción de responsabilidades de la Dirección General de Función Pública en materia de Prevención de Riesgos Laborales y protección de la salud de los empleados públicos.

En relación a la vacunación, literalmente se nos dijo que no podían avanzarnos nada porque Función Pública carece de información y que, al igual que nosotros, se entera de las cosas por la prensa. Al margen de evidenciar la falta de sintonía en el Equipo de Gobierno, la Directora de Función Pública ha cumplido sus funciones en este ámbito y no considera necesario ni gestionar la vacunación con carácter prioritario de los colectivos esenciales, ni siquiera planificar el número de trabajadores interesados en la vacuna…No nos ha dado respuesta a nuestras preguntas: ni sabe quién se va a vacunar, ni donde se va a vacunar, ni cuándo se va a vacunar.

En relación con la determinación de contingencia como accidente profesional de las bajas por COVID de los empleados de los centros sociosanitarios, mostramos nuestro desacuerdo con cualquier protocolo que seleccione categorías laborales. Entendemos que todo el personal adscrito a un centro sociosanitario desarrolla funciones de carácter sociosanitario y que, en caso de contagio laboral, se les debe reconocer la contingencia a todos por igual.  Los centros no serían operativos sin todas las categorías y no se puede concebir la salud de los usuarios sin la atención integral que garantizan las tareas de limpieza, comida o actividades de ocio. Tampoco estamos de acuerdo con el hecho de que se delegue en el Coordinador COVID de los centros la toma de decisión en relación a la determinación de la contingencia. Entendemos que ni son figuras operativas, ni tienen competencias, ni formación y, lo más grave de todo, la determinación de contingencia es una tarea que debe asumir la Mutua, en ningún caso un empleado público.

Al margen del orden del día, hemos pedido que se incluya en la programación de 2021, las evaluaciones de los tres CAD, algo que, a priori, fue aceptado por Función Pública y que se incluya al personal de los centros socioeducativos: CAPIS. CAIA y CAIF en el acuerdo entre la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y la de Sanidad para realizar pruebas a los trabajadores adscritos a estos centros, en caso de contacto con un usuario positivo e independientemente de su consideración o no como contacto estrecho (ya que esta no inclusión fue el argumento informado para justificar que no se les hiciese pruebas a los trabajadores de este colectivo).

También hemos preguntado explícitamente por las medidas a adoptar en el nivel de alerta sanitaria 4 en caso de que se amplíen las restricciones a la movilidad, tal y como el propio Gobierno está anunciando en prensa a través de declaraciones directas del Vicepresidente Pablo Zuloaga. La Directora de Función Pública únicamente argumento que se remitiría a la documentación del Gobierno.

En fin, con este resumen se evidencia que el Comité de Seguridad y Salud Laboral es un paripé que la Admón. utiliza como maquillaje para su inacción y como correa de distracción para los empleados públicos. La Dirección General de Función Pública, que ostenta la Presidencia del Comité, limita su capacidad de acción no informando o negándose a asumir funciones esenciales de coordinación y planificación en materia preventiva, como evidencia el hecho de que cada Secretaria General tenga barra libre para interpretar las instrucciones que son informadas al Comité por la Dirección General de Función Publica. O la falta de coordinación para la compra centralizada de EPIS. O la falta de planificación en temas tan sensibles como las medidas de prevención ante el COVID o la vacunación.

Os iremos informando de las acciones que vayamos adoptando en relación a esta situación, que no evidencia más que el desprecio de este Gobierno a los Empleados Públicos.

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