LA JUNTA DE PERSONAL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA DENUNCIA LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE DEPENDENCIA EN EL ICASS
La Junta de Personal del Gobierno de Cantabria formada por los sindicatos TU, CCOO, SIEP, CSIF y UGT, denuncia que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Ministerio de Hacienda el encargo a la empresa TRAGSATEC para tramitar los expedientes de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
Todos los datos personales de los expedientes de dependencia se ponen por parte del ICASS en manos privadas para realizar funciones que corresponden a puestos de funcionario por la transcendencia que tiene la información personal, sanitaria y social que contienen los mismos permitiendo el acceso de este personal a la aplicación EBRO donde se cargan y gestionan los expedientes electrónicos, una herramienta informática a la cual, hasta el momento, solo tienen acceso los funcionarios.
Justifican la decisión en la falta de medios humanos, insuficientes dice el documento, para cumplir lo establecido en la Ley de Dependencia además de carecer de efectivos en las bolsas de interinos para los puestos de administrativo y auxiliar.
Desde la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria trasladamos que es la incompetencia de los gestores públicos la que ha impedido contratar personal funcionario de la Administración General de Cantabria por falta de voluntad política y según se desprende de la memoria justificativa, la negligencia se atribuye a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa que no es capaz de dar cobertura a las necesidades de personal del ICASS, en este caso concreto, y del resto de las Consejerías y Organismos del Gobierno de Cantabria.
Esta contratación se ha realizado por la puerta de atrás por parte del Director de ICASS con el consentimiento del Consejo de Gobierno y la tramitación por parte de la Consejera de Inclusión Social Juventud, Familias e Igualdad, con una falta total de transparencia y sin ningún tipo de comunicación ni consulta a la Junta de Personal.
