Tenemos claro que ESTE INTERÉS EN PRIVATIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS, las funciones y tareas de los Empleados Públicos NO RESPONDE A CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, desgraciadamente la experiencia así lo ratifica e incidencias como la que estamos viviendo en estos días nos muestra tristemente que es así.
Es curioso escuchar a nuestro presidente decir que ha de caer todo el peso de la ley sobre el funcionario que presuntamente ha incurrido en corrupción. Es de sobra conocido por la mayoría de los cántabros, y no digamos por los empleados públicos y políticos, que este no es un caso aislado del que todavía seguramente queden capítulos.
Todos sabemos que privatizar es igual a escapar del control económico de lo público, es la fuga del capital de todos a otros lares donde nadie realmente se responsabiliza y donde la tentación de sacar provecho es muy grande, desde colocar a familiares a cobrar sobresueldos o financiar partidos e incluso sindicatos a través de empresas. Nada nuevo bajo el sol.
La otra cara de la moneda es la situación en la que tenemos: Nuestros servicios públicos.
Ahora hablamos de carreteras o vías y obras, donde es vergonzosa la falta de medios y de personal que sufrimos en este ámbito.
Pero, por poner más ejemplos, en Educación tenemos las empresas de limpieza, en Juventud se permite privatizar directamente las funciones de trabajadores que están en activo cuando disfrutan de permisos, y ni que decir tiene que, a estas alturas, Presidencia esté privatizando los reconocimientos médicos de los trabajadores, o que en la emisora de incendios tenemos ya personal de otras empresas turnándose con empleados públicos y así un largo etcétera.
¿Cuál es el cóctel?, ¿¿¿quiénes son los colaboradores necesarios???
En primer lugar, convocamos una oferta de empleo intentando que no quede una bolsa de sustituciones o que ésta sea lo más pequeña posible. O impedimos que se doten económicamente puestos en la estructura o impedimos que se contrate por acumulación de tareas. Aquí es imprescindible la colaboración de los sindicatos, por acción u omisión.
Después intentamos que los funcionarios que lleguen al lugar donde se toman decisiones no puedan acceder a través de concurso, mejor en comisión o que lleguen los de la confianza del político, que lo firman todos o callan todos.
Nombramos subdirecciones a buen precio para que firmen, y si no firman contratamos interinos que sí saben lo que les conviene lo harán.
En definitiva, nos rodeamos de personal cuya única ambición sea ostentar cargos, ganar pasta, trabajar poco y obedecer al político de turno y nos olvidamos de todo aquel personal que entró por méritos propios, por su valía profesional.
Así, el escenario es perfecto cuando llegan estas subcontrataciones de importes millonarios, que en buena parte se adjudican a dedo, y quedan, además, al margen de cualquier control cuando las cesiones se hacen por décadas, como es habitual.
Hay tres razones para la privatización de las tareas públicas demostradas en los diferentes casos
1. La necesidad de financiar indirectamente a los partidos politos y a los sindicatos.
2. Que las adjudicaciones o su posterior control -o ambos- quedan al margen del control parlamentario y así todo es posible. Todos sabemos que es habitual que muchos puestos importantes de las empresas adjudicatarias queden en manos de políticos en activo o retirados y que en sus estructuras se encuentran los sindicatos.
3. Vistas las dos anteriores, la tercera razón es, desde luego, progresar irregularmente al precio que sea y sin escrúpulos
Ahora la pregunta es, ¿en qué lado estas TÚ?
¿En el de si pudiera también lo haría, o en el de si me entero lo denuncio?
