El lunes 29 de noviembre a las 16:00 quedamos en la calle Alta, frente al Parlamento de Cantabria. Contaremos y cantaremos a los representantes de los cántabros la escabechina que está realizando «nuestro» gobierno. Trae tu complemento navideño (gorro, pandereta, etc.) para dar vistosidad a nuestras peticiones. Recuerda traer la mascarilla y mantener la distancia de seguridad, así como cumplir toda la normativa sanitaria contra el covid.
Esto no va de enchufados o caraduras, va de CUMPLIR LA LEY.
Hay que parar esta sangría. Acabamos el año con esta última «actuación».
Día: lunes 29 de noviembre.
Hora: 16:00.
Lugar: Parlamento de Cantabria, calle Alta 31, Santander.
MANIFIESTO
Los sindicatos TÚ y USO estamos ante las puertas de esta cámara que representa a todos los ciudadanos de nuestra comunidad para pedirle que actúe de inmediato y se exija, al Gobierno de Cantabria, que cumpla la legalidad. En concreto:
- Que el Gobierno de Cantabria excluya, de las tomas de posesión de las oposiciones que están siendo ejecutadas, todas las plazas ocupadas por personal en fraude de ley, cuyos ocupantes son susceptibles de optar a un verdadero proceso de estabilización que entrará en vigor en unos días.
- Que se corrija la oferta de plazas, sustituyendo los puestos ilícitos por otros idénticos.
- Que se mantengan a la espera y no se sigan generando perjudicados, trabajadores a los que se les vulneran sus derechos con premeditación y alevosía.
- Que se establezcan dos tipos de convocatorias independientes, una que permita el acceso a todos los ciudadanos y otra que conlleve la estabilización de los trabajadores en fraude de ley.
- Que se articulen mecanismos que permitan la repesca de todos los trabajadores damnificados por la ejecución de los falsos procesos de estabilización ejecutados por el Gobierno de Cantabria hasta ahora.
- Que se investigue, por parte de ese Parlamento, lo que está sucediendo en las pruebas de los procesos en ejecución ante la multitud de quejas y de situaciones que se están viviendo en los mismos, que no sólo perjudican la imagen de una Administración pública, sino que generan una gran inseguridad jurídica e indefensión a los aspirantes como, por ejemplo, las pruebas de operario de montes, auxiliar administrativo, integrador social, etc.
Todas estas peticiones responden exclusivamente a exigir que se cumpla la ley. Aunque hay intereses políticos, económicos y de diversa naturaleza que pretenden presentar a los trabajadores temporales de la administración como un colectivo de privilegiados a los que se les allana el camino para seguir enchufados y obtener plazas por la cara, imagen alimentada a través de los medios de comunicación y todos los que suscribieron el atropello que supone el Icetazo a los derechos de los trabajadores, queremos recordar que esta situación no nos ha llevado cuestiones de moralidad. No entramos en qué trabajador en este país está más o menos perjudicado por nuestra normativa laboral, la cuestión principal es de índole jurídica, tan sencilla como que el estado español ha incumplido, desde al menos el año 1999, el mandato que obliga a todos los estados miembros a regular, en aras de reducir al mínimo, la temporalidad en todos los sectores.
La doctrina recogida en el TJUE en su sentencia de 3 de junio de 2021 fija el abuso en los tres años que establece el artículo 70 del EBEP. Por tanto, este debe ser el criterio a tener en cuenta para la articulación de cualquier proceso que pretenda terminar con el abuso de la temporalidad. Establecer otro límite temporal supone inseguridad jurídica. Aún con los antecedentes existentes, no ha sido iniciativa del estado español esta regulación del proyecto de ley para reducir la temporalidad, ni siquiera los famosos acuerdos de estabilización de los años 2017-2020, sino que han sido obligados por la presión de las instituciones europeas, las manifestaciones en la calle de los trabajadores afectados y las denuncias a Europa por parte de los afectados y colectivos. Por lo tanto, nuestras administraciones no están actuando para favorecer a ningún trabajador público, sino que están obligadas a cumplir la ley para optar a los fondos europeos.
Por lo tanto, aquí hay unos incumplidores y unas víctimas. Los primeros identificados son las propias administraciones, las víctimas son unos 1.100.000 empleados públicos, según datos del INE.
Mención aparte merece nuestra administración autonómica. Cantabria no sólo se permite afirmar públicamente que no existe fraude de ley en nuestra comunidad por boca de la máxima responsable de nuestros recursos humanos, la Consejera de Presidencia, sino que ha ido más allá, ejecutando una maniobra perversa con la que pretende consumar una “limpieza” que permita que no quede ni un solo afectado por la futura ley de reducción de la temporalidad ya que, a la velocidad que se está expulsando a los trabajadores en fraude de ley, no quedará ni el apuntador. Además, podrá ostentar el dudoso honor de haber articulado los procesos de estabilización con más sombras de la historia de nuestra autonomía, con la colaboración imprescindible de los defensores de los derechos de los trabajadores que supuestamente velan por nuestros intereses.
La administración autonómica está en una situación muy precaria, poniendo en grave riesgo la prestación de servicios públicos básicos, se improvisa y se opta por parches, privatizaciones y se acude a chiringuitos para dar servicios cada vez de menor calidad a los ciudadanos. ¿Cuál es el origen de todo esto? Que estamos sin empleados públicos, la mayoría de las consejerías del gobierno mantienen una escasez de personal que afecta directamente a la cobertura de las necesidades ciudadanas y con mayor intensidad aquellos colectivos más frágiles y más vulnerables socialmente. Esto no parece importar a nuestros responsables políticos, que están consintiendo un déficit estructural y coyuntural (sustituciones) nunca visto antes. Jamás los impuestos de los ciudadanos nos han revertido en tan poco y además pretenden gravar aún más nuestros bolsillos con prestaciones por desempleo para funcionarios expulsados del sistema, con indemnizaciones…, duplicando innecesariamente el gasto público. En este momento, el Gobierno de Cantabria debería convocar dos procesos: uno exclusivamente para acoger a todos los empleados públicos abusados y otro de turno libre para que todos los ciudadanos puedan optar a las tasas de reposición y plazas que no lleven más de 3 años ocupadas por personal temporal. Sería la fórmula para paliar el déficit de empleados públicos existente. Por favor, no computen como empleados públicos a los subdirectores, jefes de gabinete, asesores, amigos, etc.
