Desde Trabajadores Unidos, y como no podía ser de otro modo, decidimos presentar ante el Juzgado de lo Social una demanda por Conflicto Colectivo ante la decisión unilateral del ICASS del cierre del Centro de Atención a la Infancia y Familia, sito en la calle General Dávila, de Santander, y su posterior apertura en una ubicación mucho más pequeña, con el consiguiente menoscabo en la atención a los menores de nuestra comunidad.
La citada demanda se ha admitido a trámite y nos citan para el 19 de noviembre. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados ante el transcurso de los acontecimientos. Una comisión negociadora que negocia en minoría social, a espaldas y sin rubor alguno, firmando y decidiendo lo que a todas luces es inadmisible. No se puede admitir que se pierdan la mitad de las plazas de menores en acogimiento residencial (la mitad sobre el papel, pero la realidad es que se van a perder casi dos tercios de las que actualmente tiene el CAIF), que se juegue con los recursos públicos de forma que se beneficien económicamente a algunos a costa del bienestar social de los más desfavorecidos, en este caso menores en riesgo de exclusión social. Sin hablar de otro aspecto importante: el futuro de los trabajadores.
Por todo ello, y por otros aspectos sobre los que esperamos que el Juzgado nos dé la razón, volvemos a llevar al estrado una vez más al ICASS para demostrarle que no nos podemos callar ante formas de actuar como las que últimamente nos tiene acostumbrados. El Instituto Cántabro de Servicios Sociales está demostrando ser todo menos Social.
