Trabajadores Unidos quiere, ante todo, mostrar su apoyo a los vecinos de Santoña en esta crisis sanitaria que nos ha tocado lidiar y que se ha hecho más palpable en este municipio tras las medidas establecidas por la consejería de Sanidad en estos primeros días de septiembre.
En este caso, sobre todo queremos mostrar públicamente nuestro apoyo a los cinco centros públicos de la localidad, que se están viendo abocados a tomar decisiones que debieran estar adoptando nuestros responsables del Gobierno de manera inmediata y coordinada.
También nuestro apoyo a las familias afectadas y a las AMPAs de estos centros que están dando un paso adelante en la búsqueda de soluciones y respuestas urgentes con relación a la seguridad del alumnado, de los trabajadores de estos centros y de sus familias.
En esta misma línea, en la de buscar respuestas y soluciones concretas, además de las actuaciones y denuncias que como sindicato estamos realizando, nos hemos dirigido al consejero de Sanidad, máxima autoridad sanitaria en Cantabria de la siguiente forma:
Sr. Consejero, desde Trabajadores Unidos conocemos, a la par que la ciudadanía de Cantabria, la situación que se está viviendo en nuestra comunidad con relación a los cinco centros educativos públicos del municipio de Santoña.
Tenemos constancia de que se ha propuesto, por parte de las direcciones de los citados centros, el retraso de la apertura al alumnado debido a las condiciones sanitarias que se viven en el municipio de Santoña. Condiciones que parten de la resolución publicada por su Consejería en los boletines oficiales de Cantabria de los días 2 y 3 de septiembre “Resolución por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña como consecuencia del Coronavirus SARS-COV-2”, en cuya exposición de motivos establece lo siguiente:
El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, apodera ampliamente a la autoridad sanitaria, al señalar que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
En este mismo sentido, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece en el artículo 54.1 que «sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la Ley».
Por otra parte, el artículo 59.a) de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, establece que corresponde a la Consejería competente en materia de Sanidad el ejercicio de la autoridad sanitaria.
Además, a estas alturas, los representantes de los Trabajadores, y más en concreto los delegados de prevención, desconocemos los planes de contingencia, imprescindibles para la puesta en marcha de las medidas organizativas y preventivas que han de tomarse de cara a comenzar la actividad docente, que está prevista para este lunes 7 de septiembre.
Conocemos que las AMPAS de estos centros de Santoña secundan el planteamiento de retrasar la apertura al alumnado hasta que se modifiquen las condiciones sanitarias publicadas.
La Consejería de Educación se ha pronunciado claramente estableciendo que no es su competencia decidir sobre el retraso de la apertura de estos centros, indicando que, en todo caso, ha de decretarse el cierre o retraso por parte de las autoridades sanitarias.
No es de recibo, a juicio de trabajadores Unidos, que una responsabilidad de estas características recaiga sobre las direcciones de los centros, o lo que es aún más grave, sobre las familias.
Por ello, desde TRABAJADORES UNIDOS, LE SOLICITAMOS que se pronuncien, a la mayor urgencia posible, sobre el retraso de apertura de estos centros educativos y sobre si es segura la apertura, tanto para el alumnado como para los trabajadores, tal y como está anunciada para este lunes 7 de septiembre por parte de la Consejería de Educación.
Asimismo, desde la Presidencia del Gobierno de Cantabria y desde la propia Consejería de Educación, se ha hecho pública la postura de que la competencia en estas cuestiones es exclusiva de la consejería de Sanidad. Es el motivo por el que nos dirigimos a usted y esperamos un pronunciamiento claro al respecto, a la altura de las responsabilidades que la legalidad vigente le otorga.
Además, sería deseable una mayor coordinación no sólo en el seno del Gobierno de Cantabria, sino con el resto de las administraciones locales y estatales, así como con las demás instituciones en esta crisis sanitaria en nuestra comunidad.
A la espera de noticias a la mayor brevedad, reciba un saludo en Santander a 5 de septiembre de 2020.
